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Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores

a) Si el concurso se declarase culpable, o el deudor fuera condenado en sentencia firme por un delito contra el patrimonio.

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